Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pueden optar en su declaración por destinar un porcentaje de su cuota íntegra a colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia católica y a otros fines de interés social. Así se inicia la explicación de lo que popularmente conocemos como “el 0,7 % del IRPF para fines sociales de interés general”. 

 

Los ciudadanos españoles, de una forma excelsa y cada vez más consolidada en nuestro ideario, decidimos libremente que una parte de nuestros impuestos contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas de nuestro país, porque ante todo somos un estado solidario, no solo porque así viene recogido en nuestra Constitución, sino porque fundamentalmente en nuestro país nos mueve un sentimiento de no dejar a nadie a su suerte, que puede ser esquiva a muchos de nosotros en muchos momentos de nuestra vida. Y no me tilden de ilusorio o candoroso. Los datos me avalan para subrayar esta afirmación. El movimiento CERMI, por ejemplo, aglutina a más de 7.000 asociaciones de carácter social que  representan y dan servicios a más de 3,8 millones de personas. España es uno de los estados con un tejido social más activo y mejor articulado de todo el mundo. El objetivo que perseguimos destinando el 0,7 % del IRPF a fines sociales es que vayamos creciendo como sociedad de una forma igualitaria, manteniendo los principios de equidad y solidaridad en todo el estado. A principios de año el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la gestión de este porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se gestione entre el gobierno central y las comunidades respetando las competencias que en servicios sociales y dependencia tienen ambas administraciones.

 

Se abre un escenario nuevo sobre el que seguir ejerciendo y gestionando la voluntad de los ciudadanos que más allá del marco competencial, que es importante y hay que respetarlo y acatarlo, siguen confiando en las instituciones y en las entidades sociales para que su grano de arena se destine a esa montaña de ecuanimidad que estamos construyendo entre todos. Y esa confianza y credulidad es la que no podemos dejar de dignificar. 

 

Los programas de atención directa serán competencia de las comunidades autónomas; los programas de información, sensibilización y/o generación de conocimiento, etc., serán competencia del gobierno central. También se están negociando los porcentajes del 0,7 % que gestionará cada administración. Son momentos de cambios, que sin haber salido con nitidez de la crisis pueden poner en riesgo la estabilidad de las entidades sociales que gestionan estos recursos y, lo que es más preocupante, la voluntad del contribuyente de que su aportación llegue a las personas que más lo necesitan si estos cambios no los resolvemos con dialogo, coherencia,  generosidad y altura de miras. 

 

Más allá de estos fundamentales asuntos por resolver, siempre que hay cambios surgen oportunidades y para el sector de las entidades sociales representativas de las personas con discapacidad, el hecho más deseable o no de que esté acaparando buena parte de nuestra atención el nuevo modelo de 0,7 % nos ha de servir para, aunque parezca una simpleza, visualizar, dar a conocer, rendir cuentas y resultados a los ciudadanos de toda nuestra gestión de estos fondos solidarios que se destinan a que personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, con drogodependencia o mujeres víctimas de violencia de género y otros muchos grupos de población, de personas que conviven con nosotros que lo están pasando mal por su condición social, física o simplemente por una mala racha de la que nadie está libre, puedan seguir teniendo una oportunidad en la vida. Y si de oportunidades estamos hablando, también es un buen momento de adaptarnos a las nuevas necesidades de estos colectivos vulnerables y a las nuevas demandas de una sociedad que quiere dar más participación a estos colectivos y que quiere que cada vez más personas sumen y no dependan. 

 

No digo nada nuevo si afirmo que nuestra sociedad y las sociedades de nuestro entorno están pasando por un momento difícil en cuanto a confianza y sentido de pertenencia por lo que todos sabemos. Tenemos una nueva oportunidad para que esta maltrecha confianza de los ciudadanos no se acabe viniendo abajo y sigan creyendo en las entidades sociales y en todo el Tercer Sector en general. Tenemos una nueva oportunidad de no caer en disputas vacuas y seguir siendo esa punta de lanza, ese ariete que rompe con la desigualdad y la discriminación. Los contribuyentes necesitan y quieren seguir creyendo y confiando que todo el 0,7 % llega a las personas que piden a gritos de nuestro aliento y necesitan de un empujón. No lo pongamos en duda ni en cuestión.